Servicios Públicos

Condenan al Ayuntamiento de Aldaia a pagar más de 70.000 euros por despidos de trabajadores

Redacción

El Juzgado de lo Social nº 2 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Aldaia a indemnizar con 30.500 euros a dos psicólogas que fueron despedidas en enero. Además, la sentencia obliga al consistorio a readmitir a una de las trabajadoras, y permite, o bien readmitir a la otra trabajadora, o bien despedirla indemnizándola con 39.700 euros más. Esta es la tercera sentencia en contra por despidos promovidos por Carmen Jávega desde que es alcaldesa. Aún quedan pendientes de juicio otras ocho demandas contra el Ayuntamiento por despidos conflictivos.

Nada más conocerse la sentencia, el portavoz de los socialistas de Aldaia, Guillermo Luján, se ha mostrado muy crítico con la gestión de la alcaldesa, Carmen Jávega, en su política de empleo, y ha apuntado que “despidos tan poco rigurosos como estos, al final lo único que provocan son gastos extra para el Ayuntamiento de Aldaia". Además, Luján ha manifestado su "más absoluta desolación por la política de trabajo que está llevando a cabo la concejal de empleo, María José Cruz Vargas, quien no ha impulsado ningún proyecto para conseguir la promesa electoral del PP de Aldaia de crear 500 puestos de trabajo al año en el municipio. Al contrario, despiden a gente y con sus decisiones poco rigurosas han provocado conflictos y demandas con los distintos empleados del Ayuntamiento”.

En esta ocasión, dos psicólogas prestaban su servicio en el SEAFI (Servicio de Atención a la Familia e Infancia) cuya intervención prioritariamente se orienta a familias en procesos de situaciones familiares con menores en situación de riesgo o desamparo o que impliquen riesgo de ruptura familiar o separación, parejas que atraviesan por situaciones de crisis o problemas entre sus miembros y familias con menores que presentan conductas poco adaptadas, monoparentales, en cuyo seno se produce violencia o con menores en situación de guarda o tutela administrativa.

Las dos psicólogas dejaron de prestar su servicio el 1/1/2012 por decisión del Ayuntamiento de Aldaia y la concejal de empleo, María José Cruz Vargas, la cual no propuso ningún tipo de indemnización por el cese de su actividad en el Ayuntamiento.

Deterioro de los servicios municipales

Por su parte, Juanjo Llorente, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, señala: “Desde que el PP entró en el gobierno municipal ha desarrollado una política contra los trabajadores públicos que ha generado agravios y situaciones injustas, lo que siempre afecta desfavorablemente la gestión municipal al menos  en dos sentidos. Primero, porque disminuye o deteriora  los servicios prestados a la población, como en este caso del SEAFI o de Aldaia radio y de otros servicios y prestaciones recortadas por el PP. Y en segundo lugar, porque penaliza y restringe la capacidad de gasto municipal, dado el importante volumen de recursos que se emplean para contratar servicios jurídicos externos y pagar indemnizaciones como en este caso de las trabajadoras del SEAFI, que seguramente no va a ser el único.”

“Espero, sigue diciendo Juanjo Llorente, que esta sentencia judicial sirva de aviso al equipo de gobierno y en particular  a la concejala de empleo del PP, para que no sigan por ese camino. En lugar de utilizar su mayoría absoluta para conformar una plantilla de personal técnico competente, sea o no afin y para  premiar lealtades partidistas, lo que daña irreversiblemente a la función pública, deberían preocuparse más para cumplir las políticas de promoción de puestos de trabajo en Aldaia, porque hacen mucha falta (además de que en la campaña electoral prometieron crear 500 puestos al año). De otro modo, además de la nefasta gestión realizada el PP municipal están incurriendo en un serio fraude electoral”.

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