Opinión

Referéndum vinculante o dimisión del presidente del Gobierno

Juanjo Llorente
Portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia

Ante el anuncio del presidente Mariano Rajoy, el pasado 11 de julio, de las medidas de recorte que iba a tomar su gobierno para satisfacer las exigencias de los mercados financieros y de las instituciones europeas, y su final aprobación en el Consejo de Ministros del viernes 13, que contó con la presencia del Rey, la situación creada en nuestro país es muy grave. Está en juego la soberanía nacional, además de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, puesto que el paquete de medidas que incluye el RD 20/2012 sobre “estabilidad presupuestaria” implica llevar hasta sus últimas consecuencias el compromiso contraído de pagar la deuda, por encima de cualquier otra prioridad social y aun al precio de desmontar no sólo los servicios públicos, sino también una parte de las propias administraciones que vienen dispensándolos.

Con la aprobación de este decreto real, el gobierno Rajoy evidencia ser un ejecutivo lacayo de los intereses del capitalismo financiero europeo. De aplicarse estas medidas, se pone en tela de juicio todo el entramado de derechos sociales y de libertades públicas articulado tras la muerte del dictador, y que ya contaba con un amplio déficit democrático, porque, entre otras cosas, con este decreto, se liquidan los principios básicos de funcionamiento y gestión de los ayuntamientos democráticos, como son los de autonomía local y de suficiencia financiera. A partir de ahora, tendremos un Estado intervenido (troika europea) que a su vez interviene a los restantes escalones de las administraciones públicas para garantizar que, en lugar de atender las necesidades y demandas de la población, supediten sus gastos al pago de una deuda impagable.

Esto no podemos consentirlo, los trabajadores y la inmensa mayoría de la población, y por eso nuestra fuerza política está llamando a la más amplia movilización social e institucional contra este golpe de Estado o estado de excepción democrática. Porque si hay alternativa y ya ha llegado el momento de avanzar en su construcción.

El pasado 13 de julio, el Gobierno Rajoy en pleno, y contando con la presencia también del Rey de España, aprobó por “decreto-real” un paquete de medidas (Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio) “para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” que supone, seguramente, el mayor ataque realizado por ningún ejecutivo a los trabajadores/as y al Estado social y de derecho fijado por la Constitución de 1978. En particular, este RD 20/2012 incluye medidas como las siguientes:

-Liberalización o privatización de servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.

-Reducción de la Administración Local, restringiendo su capacidad de prestación de servicios (propios) a la población, al tiempo que se potencian las Diputaciones provinciales y se suprimen las mancomunidades de municipios.

-Reducción de alrededor de un 30% el número de concejales y favoreciendo a los partidos mayoritarios.

-Drástica reducción o eliminación de las empresas públicas.

-Reducción días de libre disposición en las Administraciones Públicas.

-Suspensión del abono de la paga extra de navidad a las empleadas y empleados públicos.

-Reducción de ayudas a la dependencia

-Revisión de la prestación por desempleo: A partir del sexto mes será en lugar del 60% de la Base Reguladora, el 50%

-Revisión de las pensiones.

-Subida del IVA del 18 al 21%.

-Bajada de las cotizaciones sociales a los empresarios, poniendo aun más en peligro el sistema público de pensiones y todo el sistema de protección social pública.

Todas estas medidas, y otras no mencionadas o todavía no publicitadas por el Gobierno Rajoy y que responden a las exigencias planteadas por el memorándum aprobado por  el  ECOFIN  el 10 de julio pasado, constituyen, como puede constatarse, una agresión frontal  a los derechos del conjunto de la ciudanía y muy especialmente a los trabajadores y trabajadoras, a las personas en paro, a quienes tienen un empleo público, a las personas dependientes y su entorno familiar así como a los y las pensionistas.

Se trata, igualmente y por ello mismo, de un ataque a los mismos fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional. Porque, lejos de abrir una salida a la crisis que hoy vivimos, estas medidas establecen una regresión económica  y social de difícil vuelta atrás y significan una involución democrática en toda regla que pone en cuestión incluso el actual régimen político de monarquía parlamentaria. Involución que, en el caso particular de los Ayuntamientos implica una pérdida de la autonomía local y de la suficiencia financiera imprescindibles dentro de cualquier democracia.
 
Por todo ello, el grupo de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Aldaia ha presentado a la consideración del pleno de esta Corporación las siguientes propuestas de acuerdo:

 1.- El pleno del Ayuntamiento de Aldaia acuerda dirigirse a la presidencia del Gobierno de España y a la Mesa del Congreso de los Diputados manifestando su frontal rechazo y desaprobación con este RD 20/2012, por su lesividad para los derechos sociales de la población y para la democracia municipal.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Aldaia acuerda dirigirse a la presidencia del Gobierno de España para que convoque un referéndum al pueblo español sobre este Real Decreto o bien dimita, dado que la puesta en práctica de estas medidas supone una pérdida de soberanía política y la supeditación de los intereses nacionales a los dictados de Bruselas y de los mercados financieros europeos.

3.- El pleno del Ayuntamiento de Aldaia acuerda también exigir al Congreso de Diputados la puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública española.

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